Políticas culturales y derechos culturales

En América Latina, la cultura no es un adorno ni una industria de entretenimiento: es una forma de resistencia, una manera de habitar lo común, un espacio donde se negocia lo político. Sin embargo, en las últimas décadas, las políticas culturales han tendido a reducir esa complejidad a un lenguaje de gestión, medición y utilidad. La cultura, más que derecho, se volvió recurso.

George Yúdice (1947) lo advirtió a comienzos del siglo XXI: vivimos un tiempo en que la cultura se instrumentaliza como herramienta de desarrollo, marketing urbano o diplomacia blanda. Su libro El recurso de la cultura es, en ese sentido, una radiografía de cómo gobiernos, organismos internacionales y corporaciones comenzaron a entender la cultura no como expresión simbólica, sino como inversión económica. Lo que antes se valoraba por su potencia estética o su capacidad de imaginar mundos, hoy se mide en estadísticas, públicos y retornos.

Este desplazamiento tiene consecuencias profundas. Cuando la cultura se convierte en recurso, su valor deja de estar en la experiencia o en el pensamiento, y pasa a depender de su capacidad para producir “impacto”. Las políticas culturales se diseñan entonces con criterios de eficiencia, innovación o productividad, como si crear, investigar o conservar fueran procesos que pudieran evaluarse con la lógica del mercado. Pero el problema no es solo técnico: es político. Al tratar la cultura como herramienta, se corre el riesgo de vaciarla de conflicto y de restarle su dimensión crítica. Yúdice no negaba la necesidad de políticas culturales (al contrario, las consideraba esenciales), pero advertía sobre el peligro de despolitizar el campo cultural bajo la apariencia de la gestión neutral.

En América Latina, esta tensión se vuelve especialmente visible. Nuestros estados, atravesados por desigualdades estructurales, suelen abordar la cultura desde dos polos: o como emblema identitario para exportar (una marca país, una vitrina folclórica), o como gasto secundario frente a urgencias económicas. En ambos casos, lo cultural queda subordinado.

Mientras tanto, las prácticas comunitarias, los proyectos autogestivos y las expresiones territoriales siguen siendo la base más vital de nuestra producción simbólica. Desde los puntos de cultura en Brasil hasta las radios indígenas en Bolivia o los colectivos barriales en Argentina, existen cientos de experiencias que amplían el sentido mismo de lo cultural. Sin embargo, pocas veces entran en los mapas institucionales, y cuando lo hacen, es bajo programas temporales, sin continuidad ni reconocimiento real. Néstor García Canclini (La Plata, 1939) planteó que una política cultural democrática no puede limitarse a financiar eventos, sino que debe redistribuir el acceso a la producción y la circulación de significados. Ticio Escobar (Asunción, 1947) lo tradujo en términos éticos: garantizar derechos culturales es garantizar el derecho a imaginar, a decir y a existir simbólicamente. Y en esa línea, pensar la cultura como derecho implica entenderla como una dimensión esencial de la ciudadanía, no como un lujo del tiempo libre.

El reto es, entonces, doble. Por un lado, recuperar la dimensión política de la cultura frente a su instrumentalización. Por otro, ampliar el concepto de políticas culturales para incluir lo que históricamente se consideró “fuera del sistema”: las prácticas colectivas, las memorias orales, las tradiciones que resisten sin subvención ni institucionalidad. El campo cultural latinoamericano está lleno de ejemplos de gestión comunitaria que sostienen la vida simbólica mucho más allá de los ministerios y los fondos concursables, pero esos proyectos necesitan políticas que los acompañen, no que los normalicen. Se trata de reconocer que la cultura no solo se produce en los museos o los teatros, sino también en las calles, en los rituales, en las redes afectivas que crean comunidad.

Pensar los derechos culturales hoy significa, en definitiva, pensar en quién tiene derecho a producir cultura y bajo qué condiciones. Significa defender la diversidad no como eslogan, sino como estructura de poder. Si el futuro de la cultura en América Latina depende de su utilidad, corremos el riesgo de perder aquello que la vuelve irremplazable: su capacidad de imaginar, de cuestionar y de crear mundos comunes.

Frente a eso, urge una mirada crítica que devuelva al arte y a la cultura su potencia política. Porque la cultura no es un recurso: es un territorio de sentido, un campo de disputa y, sobre todo, un derecho que sostiene la posibilidad misma de lo humano.